LA PROPUESTA DEL EXPRESIDENTE GAVIRIA Y LA SOCIEDAD CIVIL

Por Luzardo Peñate Montes  Ph.D

La polarización del país es evidente frente al tema de la negociación que se adelanta en la Habana. Lo importante es que el presidente como cabeza de este proceso abra mesas regionales con representantes de la sociedad civil para que se  expongan no los resentimientos que ya se conocen sino las propuestas y soluciones que permitan  convocar a un GRAN ACUERDO POR LA PACIFICACIÓN  DEL  PAÍS.

La propuesta del exGaviria sería como una puerta abierta para se comience a pensar en la convocatoria de una GRAN CONSTITUYENTE, no de carácter  político, como ya lo han planteado las tradicionales cabezas de los partidos políticos   ( deberá quedar asegurada en la convocatoria la  representación de los campesinos, estudiantes, docentes, empresarios, banqueros, sindicalistas, representantes de las iglesias, de los militares, indígenas, de los desplazados, comunidades GLTB, de los amnistiados, negritudes y todo aquellos que representen a un grupo significativo de la población civil del país, igualmente de  políticos de cada movimiento o partido con representación legal)    para que se adelanten las  reformas constitucionales necesarias para construir el nuevo país y se defina las normas que viabilicen la aplicación de la justicia transicional que cobije a los delitos de estos casos específicos, reforma que no sacrifique la confesión de  la  verdad,  pedirle  perdón a la sociedad y  se reparare realmente a las víctimas con indemnizaciones pagadas del propio pecunio del implicado.

De igual manera, la justicia debe condenar los actos punibles y establecer penas alternativas  para los incursos en delitos de lesa humanidad que se pagarán no necesariamente en cárceles. No habría cupos ni presupuesto para  llevar  tanta  gente a las cárceles. Serían penas que se castigue con inhabilidades para ejercer cargos públicos para aspirar a cargos de elección popular, pérdida de investiduras, destituciones simbólicas pero con repercusiones pecuniarias. Es decir, hay que buscar castigos reales para los que han cometido delitos de lesa humanidad  y que la  sociedad sienta que la justicia no es para los de ruana. Los amnistiados deberán considerar que quienes delinquieron fueron  ellos y  la víctima es la sociedad y el cumplimiento de sus penas podría estar orientado a lo que no saben hacer, construir cultura de paz sin armas.     

Aquí se ha cometido todo tipo de delitos en nombre del pueblo, sin que nadie se los pidiera, los de derecha, de izquierda, azules, verdes, amarillos, rojos, naranja y cuantos colores simbolizan a  una de  la más corrupta clase política de América Latina. La sociedad civil tiene que asumir su papel y liderazgo en estos momentos, no son los políticos los llamados a dar directrices. Es la sociedad civil la que tiene que exigirles a quienes han traspasado los límites penales  nacionales y de la justicia internacional en esta cruenta guerra fratricida para que contribuyan con la pacificación del país pero que a su vez reciban la protección y seguridad en este paso a la vida civil. No hay que cerrar ninguna puerta y menos botar la llave del candado. La paz es un bien superior de la sociedad por encima de los intereses particulares o de un grupo en particular que ven en la guerra un soporte de su ideario político.